Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, núm. SJSO 827/2024, 14 de mayo de 2024.

Resumen: Despedido por causas organizativas y productivas. Alegación de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por denuncia de irregularidades. Protección del denunciante.

👉 Consulta la sentencia aquí

La sentencia SJSO 827/2024, emitida el 14 de mayo de 2024, aborda el despido de un trabajador por parte de Acciona Servicios Urbanos SL, tras denunciar irregularidades en la empresa. El trabajador alegó que su despido fue una represalia por su denuncia, lo que llevó a la valoración de la posible vulneración de sus derechos fundamentales.

1. El trabajador, con una antigüedad de más de diez años, fue despedido tras denunciar irregularidades en la empresa, incluyendo presuntas prácticas de acoso y la creación de una cuenta de correo Gmail para el envío de documentos sensibles.
2. La empresa argumentó que el despido se debió a causas organizativas y productivas, pero no presentó pruebas suficientes para justificar esta decisión.

1. El núcleo del debate se centra en la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, específicamente el derecho a la tutela judicial efectiva y la protección del denunciante.
2. La sentencia examina si el despido puede considerarse una represalia por la denuncia de irregularidades, así como la obligación de la empresa de justificar su decisión.

El tribunal determinó que el despido fue improcedente, al no acreditarse las causas organizativas y productivas alegadas por la empresa. Se reconoció la existencia de indicios de represalia, lo que vulneró el derecho del trabajador a la protección frente a represalias por ejercer su derecho a denunciar.

1. La sentencia SJSO 827/2024 refuerza la importancia de la protección del denunciante en el ámbito laboral.
2. Establece precedentes sobre la carga de la prueba en casos de despido por represalias.
3. Subraya la necesidad de que las empresas justifiquen adecuadamente sus decisiones de despido, especialmente cuando están relacionadas con denuncias de irregularidades.

Este caso plantea preguntas sobre la efectividad de las medidas de protección para los denunciantes en el entorno laboral y la responsabilidad de las empresas en la creación de un ambiente de trabajo seguro y justo.

¿El despido fue justificado?
No, el tribunal determinó que fue improcedente.

¿Qué derechos fueron vulnerados?
El derecho a la tutela judicial efectiva y la protección del denunciante.

¿Qué establece la sentencia sobre la carga de la prueba?
La empresa debe justificar adecuadamente sus decisiones de despido.